La solución a la macro-cárcel

(por Zambraca)

Soy consciente que la situación de la población reclusa en la prisión del Salto del Negro es alarmante por sus niveles de hacinamiento, lo cual está provocando traslados forzosos de personas a otras prisiones, vulnerando el derecho a mantener al preso lo más cerca de sus familiares y relaciones sociales. No obstante, creo que a esta penosa situación se le suma lo que en la práctica representa una prisión, y no es otra cosa que una escombrera de personas excluidas de la sociedad, penadas, castigadas y sin la más mínima posibilidad de re-educarse, re-insertarse, y de alejarse de la causa cuasi unánime del delito, las drogas.

El actual marco penal del estado no habilita caminos hacia fórmulas que posibiliten una concepción de administrar justicia sujeta a la posibilitar la mediación penal sustentada en las premisas de reparación del daño causado (víctima y bien jurídico a proteger) y de prevención de su reincidencia. A lo sumo se puede contemplar bajo culpabilidad y previo pago de la indemnización que diera lugar, un aminoramiento del grado del delito, y por otro lado la sustitución en algunos casos de cumplimiento de condena en centros alternativos como Comunidades Terapéuticas, sustitución de días de prisión por pago de multa económica o trabajos para la comunidad.

Y aunque se contemplen estas diminutas puertas de cara a evitar un mal peor como es la cárcel, la viabilidad de ejercitar estas medidas se presentan complicadas por varios factores, en especial porque la mayoría de las personas reclusas son drogodelincuentes con una biografía marcada por múltiples rupturas en los ejes vertebradores de la sociedad, como son la relaciones sociales y familiares, la desvinculación con la enseñanza, las escasas experiencias profesionales y/o laborales, fuerte presencia de una cultura marginal en sus modos sociales, y un estigma social con mucha carga moral y penalizante. A todo esto se le suma que la posibilidad de reparar económicamente a la víctima se presenta difícil para personas sin medios económicos propios o de redes familiares, que el actual sistema de protección social está siendo sometida a un desmantelamiento solapado de sus prestaciones, que los centros y recursos se encuentran desbordados haciendo inviable una atención integral y plena para cada persona, que la red de atención a las drogodependencias no es en lo mínimo amplio para emprender iniciativas de esta envergadura, y que la administración de justicia está colapsada como para afrontar un control de medidas alternativas.

Pero a pesar de todos estos inconvenientes es necesario afrontar el problema de la cárcel fuera de ella, porque la sociedad tiene la obligación de buscar formulas para personas bajo el sufrimiento de una dependencia a las drogas, y emplear recursos en dotarse de una mejor protección social y huir de toda tentativa que camine hacia una ampliación de la exclusión total que representa seguir metiendo a la gente presa por situaciones abordables desde programas bio-psico-sociales.

Por último lo preocupante no está en la construcción de una macro-cárcel que sirva para recluir mejor, sino en un sistema judicial y social que no es capaz de frenar ingresos en prisión de personas que han hilvanado todas sus rupturas y construido una vida nueva distinta al delito y sus causas.