La censura en Canarias no tiene límites (*)
La Coordinadora de Pueblos y Barrios de Asamblea por Tenerife ha solicitado la inmediata paralización del expediente iniciado contra un miembro del colectivo José Pérez Ventura, por convocar una manifestación en Santa Cruz que se desarrolló de forma pacífica. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Hilario Rodríguez (ATI-CC), ha firmado un decreto por el que este ciudadano debe pagar 12.742,42 euros, cantidad equivalente a lo que ha costado a la empresa Urbaser la limpieza de los carteles colocados para convocar una concentración, el pasado 20 de julio, bajo el lema ‘Ola humana por nuestra dignidad’, en defensa de la Playa de Valleseco y del poblado pesquero Cho Vito, en Candelaria. Además, se ha iniciado expediente sancionador por el que se le podría imponer una multa que oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros.
En rueda de prensa celebrada el pasado sábado, la Coordinadora anunció que realizará un dossier con los atentados a las libertades civiles que ha sufrido el movimiento social en el último año y que se hará llegar al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo.
Asimismo, solicita la realización de debates en las televisiones públicas, TVE y TV Canaria, sobre el proyecto del Puerto de Granadilla, con la participación de técnicos y científicos del movimiento social y del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, con el fin de que los ciudadanos puedan estar mejor informados.
También se anunció la convocatoria de una manifestación para el día 26 de noviembre, un año después, no sólo contra el Puerto de Granadilla, sino contra el modelo de desarrollo que incluye la Vía Exterior, la segunda pista del Reina Sofía, el PGOU de Santa Cruz, o el cierre del anillo insular, obras basadas en la existencia de un injusto régimen económico y fiscal que tiene en la Reserva de Inversiones su principal instrumento, de modo que los empresarios no pagan sus impuestos (hay acumulados casi 2 billones de pesetas que ha dejado de ingresar el Estado español, sin Estatut), mientras que los trabajadores sí pagan todos sus impuestos, directos e indirectos.
Por último, se pidió al director de El Día que deje de manipular a los ciudadanos respecto a la financiación de este movimiento social, de manera que si tiene pruebas sobre lo que dice, que está financiado por el ‘oro amarillo’, en alusión a Gran Canaria, que lo demuestre; en caso contrario, que deje de engañar a la población porque podría estar incurriendo en un posible delito de difamación.
La Coordinadora está distribuyendo el siguiente texto a través de correos electrónicos:
“Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Tenerife para que reaccione de manera contundente a las constantes amenazas y la censura política y mediática que estamos sufriendo todos aquellos que no aceptamos que se juegue con los ciudadanos de esta isla, aquellos que nos oponemos a un modelo de desarrollo totalmente insostenible basado en el “cemento”, en la especulación del suelo, en el engaño masivo a través de los medios de comunicación; somos los del “no a todo” porque decimos: no al anillo insular tal y como está planteado, no al Puerto de Granadilla, no a la Vía Exterior, no a más obras absurdas que no se justifican más que por el enriquecimiento “brutal de unos pocos”.
A continuación se relatarán una sucesión de hechos que muestran la gravedad del asunto:
- Manipulación mediática en cada una de las grandes manifestaciones, como fueron el famoso 27 de noviembre en Santa Cruz y el 29 de Enero en La Laguna, con 10.000 personas en lo que fue la mayor manifestación de la historia de la ciudad.
- La plataforma nordeste es amenazada con multa de 3.000 a 30.000 euros si lleva a cabo una concentración en Punta del Hidalgo en protesta por los vertidos de aguas residuales.
- Se impide “megafonear” libremente por algunos municipios de la isla convocando manifestaciones, como por ejemplo en Candelaria y La Laguna.
- Veto a la emisión de un videoclip de Kakó en TVE en Canarias.
- Retirada masiva de carteles que convocan concentraciones o manifestaciones, en un claro ejemplo de censura de la libertad de expresión y de la capacidad de manifestación del ciudadano como individuo o como colectivo. Inclusive algunos alcaldes de la isla ya han sido condenados por el Tribunal Constitucional por violar claros Derechos de los ciudadanos, así es el caso del alcalde socialista de Candelaria, que impide la colocación de una jaima en la Plaza de la Candelaria en el marco de una campaña de defensa del pueblo saharaui y en defensa del referéndum de autodeterminación.
- Ataques personales mediante los medios de comunicación a destacadas personas del mundo académico como puede ser Federico Aguilera Klink, caterático de Economía Amplicada de la ULL.
- Ataques personales a miembros de colectivos ecologistas, como la arremetida contra Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, por parte de la concejala de Santa Cruz Begoña Ortiz.
- Insultos a los ciudadanos que se oponen a su modelo desarrollista, a quienes se denomina golpistas civiles, terroristas sociales, exterminadores de la burguesía….
- Rechazo de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 56.000 firmas para defender el litoral de Granadilla.
- Ignorar y manipular una manifestación con más de 90.000 personas contra su modelo de desarrollo.
- Multas a las personas que convocaron las manifestaciones en contra de la guerra en Irak.
- Lo último, y tan grave como lo anterior, es que ya “hasta nos multan” con sanciones de 12.742 euros, acusando a un miembro de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, y mintiendo públicamente, como es el caso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, por simplemente pedir el permiso de una manifestación, en un claro ejemplo de intentar asustarnos para que no convoquemos ninguna manifestación o acto público más.
5 comentarios
Rogers -
Sobre todo recuerden que nada es un hecho a menos que se de por sentado, ya me entienden ustedes. Ya se acabo la epoca de comentar la disconformidad entre pasillos, y protestar a regagnadientes mientras se pagaban las multas correspondientes.
Ha llegado el momento de ir a los juzgados de guardia, y que los abogados se encarguen de los asuntos legales. Despues de todo, los hechos hablan por si solos. Lo demas son, como siempre, habladurias.
Ya me entienden ustedes: Menos indignarse y pagar, y mas denunciar.
Viva la libertad, el bien mas preciado.
Profesor Ruano -
Bethencourt -
magacín66 -
http://www.rebelion.org/contacto.php
Bethencourt -
Un saludo.