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PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN, ¿PARA CUÁNDO?

Desde siempre en Trapera hemos intentado hacer honor a nuestro nombre y ser un espacio abierto a todas aquellas voces que más alejadas o más cercanas a nuestra forma de pensar, expresen su opinión con respeto, así que les animo a que, como la amiga Natalia, nos manden sus artículos a mitamoto103@hotmail.com que, siempre que respeten esa premisa serán publicados. Un saludo y perdón por el estado de abandono, que prometo corregir, de la página, pero las oposiciones son una pareja muy celosa que no permite cuernos jejejeje.

Por Natalia Fernández Pérez

Mientras nos debatimos entre futuribles y diatribas acerca de orientaciones políticas para blidar tales o cuales leyes educativas, que atienden a intereses partidistas, la realidad de la educación es España es escalofriante, contamos con unas cifras de absentismo y fracaso escolar, y obtenemos unos resultados en las pruebas de homologación internacional que nos sitúan a la cola de Europa. En la actualidad la característica más destacada en esta materia es el empobrecimiento de la calidad del sistema educativo y la frustación del profesorado.

 

En 1978, se logró un pacto constitucional sobre educación en donde se consagraba ésta como un derecho básico y fundamental y, sin embargo, 30 años más tarde se han promulgado más de nueves leyes sobre educación.

 

Las cifras son abrumadoras y hablan por si solas: 3 leyes en dos siglos frente a 9 leyes en 26 años. Este hecho es insólito en Europa, en donde es inviable un sistema educativo de calidad sin una estabilidad normativa. Es por ello que se hace inaplazable y vital un Pacto de Estado que garantice dicha estabilidad y que trascienda más allá de políticas partidistas.

 

Pero, ¿porqué?, ¿Porqué no somos capaces de generar un sistema educativo más estable?

 

Debemos remontarnos al período de transición democrática para dar respuesta a estas cuestiones. En esta fecha asistimos a un momento histórico de conciliación en donde se hubo de imponer un espíritu de renuncia por parte de todos los grupos sociales y políticos, para que de esta manera el artículo 27 de nuestra Carta Magna pudiera ser asumido tanto por conservadores como por progresistas. La consecuencia inmediata fue la renuncia a una política educativa de Estado en favor de una política educativa de gobierno o de partido. Este consenso básico era el maximum que podía alcanzarse en aquellos momentos y es el que ha permitido la tan criticada situación actual.

 

Aunque una de las características irrenunciables de la Democracia nos garantiza que ningún grupo político conserva el poder de forma permanente  esta alternancia democrática, aunque parezca paradójico, puede dificultar la reforma de la educación. Ello es así porque las reformas en educación exigen largos plazos, pero los partidos tradicionales no tienen la voluntad de llegar a un acuerdo de Estado.

Afortunadamente la tendencia se está invirtiendo, y las constantes reformas y contrarreformas en educación han producido un estado de opinión favorable a la consecución de un nuevo pacto que consensúe las leyes de reforma que el sistema educativo necesita. La Estabilidad normativa es posible.

 

Las naciones más desarrolladas han llegado al convencimiento de que la mejor inversión que pueden realizar para su desarrollo económico y social, es la inversión en educación y formación. Lamentablemente en España, indicadores tan relevantes como dedicación del gasto educativo o nivel de fracaso escolar, nos informan que se ha empeorado y que sin el concurso o el esfuerzo de todos será difícil revertir la situación.

 

Un Pacto Educativo de Estado no puede hacerse sin estabilidad normativa. Y, parafraseando al prof. Manuel Fernández Cruz, la proliferación de leyes educativas ha sido demasiado amplia para logar tres objetivos fundamentales: Primero, que el profesor comprenda cuál es su misión en la escuela; segundo, que la sociedad llegue a conocer la estructura y procedimientos escolares; y, tercero, que pase el tiempo suficiente para poder evaluar los logros y las debilidades del sistema.

 

La educación no puede regirse por planteamientos políticos parciales, es una sociedad entera la que debe ocuparse de su Sistema Educativo, los directamente implicados, alumnado, profesorado y familias, y el resto de agentes sociales.

La Constitución no es un banco de valores que pueda consumirse a la carta o que pueda interpretarse de distinta manera por las distintas Administraciones. Es la Administración Central del Estado la que debe establecer el marco común en política educativa.

 

La Democracia es algo más que una forma de gobierno. Es el régimen político que más se ajusta al pluralismo de las sociedades actuales, en las que afloran las diversidades culturales, sociales y políticas. Pero debe existir un consenso previo sobre los valores básicos y los procedimientos, y no una imposición valores.

 

 

Para UPyD la educación es una de sus prioridades políticas desde su creación. El Sistema Educativo es el pilar esencial de la prosperidad económica, el progreso social y la constitución de una comunidad política democrática.

 

UPyD aboga por un Sistema Educativo Nacional Unitario, en donde las competencias sean devueltas al Estado aunque las Comunidades Autónomas conserven la gestión, y de este modo favorecer la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

 

No podemos emplear la educación como disgragadora ni ponerla al servicio de la fragmentación cultural y territorial favoreciendo los intereses de las distintas Administraciones, cuya cesión de competencias por parte del Estado ha desembocado en la proliferación de 17 “subsistemas educativos”. La Educación ha de ser objetivo y motor de la cohesión social y territorial que UPyD pretende. Así pues, el sistema educativo debe ser la garantía de la cohesión de España, de tal manera que asegure la movilidad geográfica y la igualdad efectiva de oportunidades a todos los ciudadanos españoles con independencia de su lugar de residencia.

 

Para finalizar dejamos una pregunta, del profesor Puelles Benítez, en el aire: ¿A qué se debe que el pacto escolar del artículo 27 de la Constitución española no haya traído la estabilidad?, ¿No ha sido fecundo el consenso constitucional en educación?, o por el contrario ¿La educación se revela como el campo propio de la disputa política?

 

 

La sociedad debe ser consciente que hay determinados asuntos que reclaman una adecuada e inaplazable gestión de la res publica, un consenso sobre las políticas y un pacto de Estado, entre ellas LA EDUCACIÓN.

 

 

Natalia Fernández Pérez

Responsable de Estudios y Programa

UPyD Canarias

 

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3 comentarios

Our -

Pues despues de las ultimas noticias creo que la educacion importa mucho menos aun y que el pacto aun se hara esperar...

Chat -

Por desgracia, la Educacion no esta entre las prioridades del gobierno, asi que el pacto lo podemos esperar sentados, porque si no, mas de uno y de dos se cansaran..

Hideyoshi -

Primero de todo, bienvenida Nati a esta que es tu casa, cuando quieras publicar algo me lo mandas y sin problemas.
En cuanto al artículo varias cosas:
a)El comparar el número de leyes del siglo XIX con las de los últimos 30 años, como historiadora sabes que es un razonamiento con trampa...
b)Las leyes deben cambiar porque también la sociedad cambia, y deben adaptarse a la sociedad, pues han de darle respuesta a sus necesidades (también cambiantes).
c)Los cambios en la sociedad española en los últimos 40 años (yo lo llevaría hasta la ley de Villar Palasí de 1970) han sido tantos y tan vertiginosos que ese hecho por sí sólo explicaría la necesidad de cambios adaptativos en la educación.
Dicho todo lo anterior parecería que quisiera desmontar tu tesis, pero no, lo triste es que no discuto que han habido demasiados cambios, que unos y otros han estado usando la ley de educación como arma arrojadiza y que este posible pacto debería haber llegado hace mucho, lo que discuto va más allá (y que conociéndote creo poder poner la mano en el fuego diciendo que estarás de acuerdo conmigo).
-Primero, no es factible que las leyes de educación la sigan haciendo "maestros de despacho" de los que nunca (o en el mejor de los casos hace muchos años) no han pisado un aula, debe haber un verdadero consenso con AMPAS y profesorado, para hacer una ley aplicable, que se adapte y de respuestas a los problemas reales.
-Segundo, la educación no puede seguir midiéndose por criterios numéricos. Muchos son los países avanzados que han comprendido que inversión en educación, en medios para la misma y en I+D es inversión en el futuro de un país....si no, a seguir en el pelotón de los torpes.
-Tercero, a la problemática de la situación del profesorado, que en muchos casos no dispone sólo de medios, de autoridad y ni siquiera de apoyo, no se le pone solución con medias tintas, sino reforzando la figura del docente....lo que tampoco ha de suponer dar carta blanca a gandules.
-Cuarto, reformar al funcionariado...no puede ser que llegar a funcionario siga siendo llegar al paraiso donde cobro trienios sí o sí, donde lo mismo cobra quien trabaja que quien no...quien me acuse de ser de derechas la lleva clara, Marx (conocido derechoso internacional) decía acerca de los sueldos: "a cada cual según su esfuerzo y según su valía".
-Quinto (y tranquilos que ya es último jejejeje), no puede ser que se empiece la casa por el tejado, hace una nueva ley y venga,rapidito rapidito que se aplica YA.....y ¿luego quieren que salga bien? si no empiezan por explicarla bien, si no dan los medios para que se aplique, si no hacen que el profesorado cambie su forma de pensar y la adapten al nuevo espíritu que se pretenden, empezarán la casa por el tejado.
Un abrazo y prometo que dentro de poco volveremos con regularidad.
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